ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 26 DE FEBRERO DE 1993.

 

Ley publicada en el Periódico Oficial, 3 de abril de 1984.

 

Al margen un sello con el Escudo de la Nación.- Poder Ejecutivo.- Guanajuato.- Secretaría General de Gobierno.

 

EL CIUDADANO LICENCIADO ENRIQUE VELASCO IBARRA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, a los habitantes del mismo, sabed:

 

Que la H. Legislatura Constitucional del Estado se ha servido dirigirme el siguiente

 

DECRETO NUMERO 150

 

El H. Quincuagésimo Segundo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta:

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO

 

 

¬TITULO PRIMERO¬

 

 

¬CAPITULO UNICO¬  DISPOSICIONES GENERALES

 

¬ARTICULO 1.-¬

Son Servidores Públicos los mencionados en el Artículo 122 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

 

¬ARTICULO 2.-¬

Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

I.- El Gobernador del Estado;

 

II.- El Congreso del Estado;

 

III.- El Supremo Tribunal de Justicia;

 

IV.- Las Dependencias del Ejecutivo;

(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

V.- La Secretaría de la Contraloría del Estado;

(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

VI.- Los Ayuntamientos y sus Dependencias;

(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

VII.- Los Tribunales del Trabajo en los términos de la Legislación respectiva; y

(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

VIII.- Las demás que determinen las Leyes.

(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

En tratándose de servidores adscritos a la Administración Pública Paraestatal, será el Coordinador de las mismas quien aplique esta Ley.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

¬ARTICULO 3.-¬

Corresponde al Congreso del Estado la aplicación de las sanciones derivadas del Juicio Poltico (sic) al Gobernador, Diputados Locales y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Seguido en los términos del Artculo (sic) 124 de la Constitución Poltica (sic) del Estado.

 

¬ARTICULO 4.-¬

En caso de declaración de procedencia por delitos federales imputables a los funcionarios mencionados en el artículo anterior, corresponde al Congreso del Estado proveer a su observancia en los términos que señala la Constitución Particular del Estado y esta Ley.

 

¬ARTICULO 5.-¬

El Congreso del Estado también conocerá de las declaraciones de procedencia por delitos de orden común imputables a los Servidores Públicos a que se refiere el Artículo 126 de la Constitución Política del Estado.

 

¬ARTICULO 6.-¬

Las sanciones por faltas administrativas serán aplicadas por los Titulares de los Poderes o los de las Dependencias a las que pertenezca el Servidor Público de que se trate.

 

 

¬TITULO SEGUNDO¬

(F. DE E., P.O. 11 DE MAYO DE 1984)

¬CAPITULO PRIMERO¬  DE LA OBSERVANCIA DE  RESOLUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNION EN JUICIOS POLITICOS Y DE DECLARACIONES DE PROCEDENCIA EN MATERIA PENAL FEDERAL

 

¬ARTICULO 7.-¬

Las resoluciones declarativas que emita el Senado de la República en los términos del Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los casos de juicio político contra el Gobernador del Estado, Diputados Locales y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, serán turnadas de inmediato a la Comisión de Gran Jurado del Congreso del Estado para que dictamine sobre su justificación.

(F. DE E., P.O. 11 DE MAYO DE 1984)

 

¬ARTICULO 8.-¬

La Comisión de Gran Jurado instruirá el procedimiento y además de estudiar la justificación de las citadas resoluciones declarativas, dictaminará si el caso se halla comprendido dentro del tiempo y plazo señalados por los Artículos 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Noveno de la Ley Federal de los Servidores Públicos.

 

¬ARTICULO 9.-¬

En juicio político, el Congreso del Estado no podrá aplicar más sanciones que las de destitución e inhabilitación.

 

Si el Servidor Público está en funciones, la sanción que aplique el Congreso del Estado consistirá, en todo caso, en destitución.

 

Además de la sanción anterior, según la gravedad que se desprenda de los hechos que motivaron la resolución declarativa del Senado, el Congreso del Estado impondrá la de inhabilitación para el desempeño de todo cargo o comisión públicos, por el término de uno a veinte años.

 

¬ARTICULO 10.-¬

Las anteriores sanciones serán aplicables por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

 

¬ARTICULO 11.-¬

La expresión de las ideas no es sancionable.

 

¬ARTICULO 12.-¬

En los casos de declaración de procedencia por la Comisión de Delitos Federales, en los términos del Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado, en base de la resolución declarativa emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, resolverá si procede o no separar al indiciado de su cargo y dejarlo a disposición de las autoridades competentes.

 

La declaración de procedencia requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

 

 

¬CAPITULO SEGUNDO¬  DE LA DECLARACION DE PROCEDENCIA POR DELITOS COMUNES

 

¬ARTICULO 13.-¬

Los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Titulares de las Dependencias que señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los Miembros de los Ayuntamientos, durante el tiempo de su encargo, sólo podrán ser juzgados por delitos intencionales del orden común que merezcan pena corporal, pero para ello es necesario que, previamente, el Congreso del Estado, erigido en Jurado de Procedencia, lo declare así por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

 

¬ARTICULO 14.-¬

Para proceder penalmente en contra de los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, se requerirá que el Procurador General de Justicia del Estado, una vez integrada la averiguación, formule la solicitud correspondiente al Congreso del Estado.

 

Cuando sea el Procurador General de Justicia a quien se pretenda enjuiciar, el Gobernador del Estado será quien haga la solicitud.

(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

¬ARTICULO 15.-¬

Si la resolución del Congreso del Estado declara que ha lugar a la acusación, por este solo hecho el funcionario queda suspendido de su cargo, privado del Fuero Constitucional y a disposición de las autoridades competentes.

 

La declaración de procedencia dejará de surtir efectos, si la autoridad jurisdiccional competente decreta la libertad por falta de elementos para procesar, desvanecimiento de datos, sobreseimiento o sentencia absolutoria.

 

¬ARTICULO 16.-¬

No se requerirá la Declaración de Procedencia cuando el inculpado esté separado de sus funciones por cualquier causa.

 

¬ARTICULO 17.-¬

Si se siguiere proceso contra los funcionarios a que se refiere el Artículo 13, sin haber satisfecho los requisitos constitucionales y los previstos en este ordenamiento, el Presidente del Congreso o, en su caso, el de la Diputación Permanente, librará oficio al Juez, Tribunal o Autoridad de que se trate para que se suspenda el procedimiento hasta que se emita la declaración de procedencia.

 

 

¬CAPITULO TERCERO¬ 

 

¬ARTICULO 18.-¬

Se observarán las normas de este Capítulo, en el procedimiento que se instaure con motivo de:

 

I.- Resolución declarativa de juicio político federal; y

 

II.- Declaración de procedencia en materia de delitos federales y del orden común.

 

¬ARTICULO 19.-¬

Recibidas las resoluciones declarativas señaladas en el artículo anterior a la solicitud a que se refiere el Artículo 14 de esta Ley, el pleno del Congreso o la Diputación Permanente, si aquél estuviera en receso, la turnarán de inmediato a la Comisión de Gran Jurado para que instaure el procedimiento y, en su oportunidad, dé cuenta con su dictamen al Congreso.

(F. DE E., P.O. 11 DE MAYO DE 1984)

 

¬ARTICULO 20.-¬

La Comisión del Gran Jurado, después de haber recibido la Resolución Declarativa del Senado, de la Cámara de Diputados Federal o la solicitud de procedencia a que alude el Artículo 14 de esta Ley, notificará de inmediato al interesado la iniciación del procedimiento, corriéndole traslado con una copia de ella, para que en el término de nueve días manifieste por escrito lo que a su interés convenga y ofrezca pruebas.

(F. DE E., P.O. 11 DE MAYO DE 1984)

 

¬ARTICULO 21.-¬

La Comisión, de oficio o a petición del interesado, podrá solicitar cualquier aclaración o documentación que tenga por objeto dilucidar alguna duda o calificar la gravedad de los hechos.

 

¬ARTICULO 22.-¬

Transcurrido el término a que se refiere el Artículo 20, se abrirá un período  probatorio de quince días hábiles, que podrá ser prorrogado por todo el tiempo que la Comisión estime pertinente si no se hubieren desahogado pruebas ofrecidas.

 

¬ARTICULO 23.-¬

Concluido el desahogo de las pruebas, la Comisión pondrá el expediente a la vista de los interesados por el término de tres días para que aleguen lo que a su derecho convenga.

 

¬ARTICULO 24.-¬

Transcurrido el plazo anterior y con vista al expediente integrado, la Comisión emitirá su dictamen con el que se dará cuenta al Congreso que, en caso de estar en receso, será convocado para dictar la resolución correspondiente.

(F. DE E., P.O. 11 DE MAYO DE 1984)

 

¬ARTICULO 25.-¬

En todas las cuestiones relativas al procedimiento, así como en la apreciación de las pruebas, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán en lo conducente, las normas del Código Penal.

 

¬ARTICULO 26.-¬

La Comisión podrá recurrir al auxilio de las Autoridades Judiciales o de cualquier Tribunal del Estado, para el desahogo de las Diligencias que se practiquen fuera de la residencia del Congreso del Estado.

 

 

¬TITULO TERCERO¬

 

 

¬CAPITULO PRIMERO¬  OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

 

¬ARTICULO 27.-¬

Son obligaciones de los Servidores Públicos:

 

I.- Cumplir diligentemente y con la mayor probidad, las funciones y trabajos propios del cargo, según las condiciones establecidas para cada puesto;

 

II.- Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

III.- Atender pronta y cortésmente al público;

 

IV.- Usar los recursos públicos con la máxima probidad y en la forma prevista por las Leyes;

 

V.- Abstenerse de imponer condiciones, prestaciones u obligaciones a los particulares que no estén previstas en las Leyes o Reglamentos;

 

VI.- Participar en el cumplimiento de los planes de trabajo y en los programas de capacitación;

 

VII.- Obedecer las órdenes superiores, de acuerdo con la naturaleza del puesto;

 

VIII.- Guardar el orden dentro del trabajo y respetar a sus compañeros de labores y a sus superiores;

 

IX.- Observar las reglas vigentes en la selección y nombramiento de subordinados, viendo siempre por el buen servicio;

 

X.- Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo en que tenga interés personal o familiar;

 

XI.- Abstenerse de intervenir por sí, por interpósita persona o por medio de Empresas en las que tenga alguna participación, en contrataciones de Obras Públicas;

(F. DE E., P.O. 11 DE MAYO DE 1984)

 

XII.- Conducirse con veracidad en toda clase de informes;

 

XIII.- Denunciar los delitos respecto de los cuales tenga conocimiento en razón de su encargo; y,

 

 XIV.- Las demás que se deriven de las Leyes y Reglamentos.

 

Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

Las quejas o denuncias podrán presentarse indistintamente ante el titular de la dependencia o entidad en la que labore el servidor presuntamente responsable o ante la Secretaría de la Contraloría del Estado.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

 

¬CAPITULO SEGUNDO¬  DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

 

¬ARTICULO 28.-¬

Sin perjuicio de lo que establezca la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, las faltas administrativas se sancionarán en la siguiente forma:

 

I.- Apercibimiento;

 

II.- Amonestación;

 

III.- Suspensión;

(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

IV.- Destitución;

 

V.- Multa; y

(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

VI.- Inhabilitación temporal impuesta por la autoridad jurisdiccional para desempeñar empleos o cargos públicos hasta por cinco años.

(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

La multa podrá ser hasta por noventa días del salario mínimo más alto vigente en el Estado en el momento en que se cometió la infracción, y la suspensión en el trabajo, podrá ser de tres días a seis meses, sin derecho a percibir salario durante el tiempo en que se encuentre suspendido.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

¬ARTICULO 29.-¬

Cuando la falta administrativa implique la comisión de delito, el Servidor Público será sancionado penalmente.

 

¬ARTICULO 30.-¬

Las sanciones administrativas se impondrán sin seguir el orden en que están establecidas, pero en todo caso para su imposición, se atenderá a los siguientes elementos:

 

I.- Gravedad y frecuencia de la falta;

 

II.- La jerarquía del puesto y la responsabilidad que implique;

 

III.- La antigüedad en el servicio;

 

IV.- La condición socioeconómica de la persona; y,

 

V.- La importancia del daño causado.

 

Los titulares de las dependencias o entidades que impongan a servidores públicos sujetos a procedimiento disciplinario alguna de las sanciones previstas por esta Ley, deberán comunicarlo a la Secretaría de la Contraloría del Estado para los efectos del registro de servidores públicos sancionados.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

¬ARTICULO 31.-¬

La Sanción consistente en destitución es aplicable a los servidores públicos de confianza y operará con la sola notificación de la resolución que la imponga. Tratándose de servidores públicos de base, se estará a lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en lo que se refiere a la terminación de los efectos del nombramiento por recisión.

(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

¬ARTICULO 32.-¬

Corresponde aplicar las sanciones a los titulares de las dependencias o entidades, ya sean del Estado o de los Municipios, en las que trabaje el servidor público sujeto a procedimiento disciplinario.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

La Secretaría de la Contraloría del Estado, en los procedimientos seguidos respecto de los servidores públicos adscritos a otra dependencia o entidad, informará al titular de la misma de su iniciación, a efecto de que en su caso, nombre un representante ante la Secretaría de la Contraloría del Estado que coadyuve con ésta durante el procedimiento administrativo correspondiente.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

La Secretaría de la Contraloría del Estado, requerirá para aplicar la sanción, el acuerdo previo del titular de la dependencia o entidad en la que labore el servidor público a sancionar.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

¬ARTICULO 33.-¬

Antes de aplicarse la sanción, el infractor deberá ser oído en investigación económica.

 

Determinada la sanción, el infractor podrá solicitar reconsideración en el término de tres días, a partir de la fecha de la notificación, aportando las pruebas que estime pertinentes.

(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

El Titular de la Dependencia o entidad que aplicó la sanción, resolverá dentro de un plazo de tres días, confirmando, revocando o modificando la sanción.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

 

¬TITULO QUINTO¬

 

 

¬CAPITULO UNICO¬   INFORMACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

 

¬ARTICULO 34.-¬

La Secretaría de la Contraloría del Estado, llevará un registro de la situación patrimonial de los servidores públicos mencionados en las fracciones I, II, V, VI y VII del artículo siguiente.

(REFORMADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

Lo propio hará el Congreso del Estado de Guanajuato, mediante la Contraloría del Congreso y del sistema que al efecto se establezca, respecto de los diputados y sus servidores referidos por la fracción IV del artículo 35 de esta Ley.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

Asimismo, y por lo que hace a su competencia, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante la Contraloría del Poder Judicial que al efecto se establezca bajo su dependencia, y conforme al sistema que determine, controlará la situación y evolución patrimonial de los servidores mencionados en la fracción III, del artículo siguiente.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Secretaría a la Secretaría de la Contraloría del Estado; y por Contralorías, a la Contraloría del Congreso y Contraloría del Poder Judicial.

(ADICIONADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

¬ARTICULO 35.-¬

Tienen obligación de presentar informe anual de Situación Patrimonial, bajo protesta de decir verdad:

 

I.- El Gobernador del Estado y los Funcionarios del Poder Ejecutivo;

 

II.- Los Directores, Subdirectores, Gerentes, Jefes de Departamento y Coordinadores de Organismos Descentralizados y de Empresas Paraestatales de Servicio Público o personas que ocupen cargos análogos a las anteriores;

 

III.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y los Jueces de Primera Instancia y Menores;

 

IV.- Los Diputados al Congreso del Estado, el Oficial Mayor, y el Contador Mayor de Hacienda;

 

V.- Los Presidentes, Secretarios, Tesoreros y Jefes o Directores de Departamento de los Ayuntamientos;

 

VI.- Los Directores, Subdirectores, Gerentes, Jefes de Departamento de Organismos Descentralizados de los Ayuntamientos, así como las personas que ocupen cargos análogos a los anteriores; y,

 

VII.- Los demás servidores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que respectivamente determinen el Gobernador del Estado, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y el Congreso, o la Diputación Permanente, en su caso.

(REFORMADA, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

¬ARTICULO 36.-¬

La información se presentará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se haya tomado posesión del cargo y treinta días después de haberlo dejado por cualquier motivo. Tal información se actualizará durante el mes de mayo de cada año.

 

La Secretaría requerirá, a los servidores del Poder Ejecutivo que incurran en omisión,  para que cumplan con la obligación de declarar su situación patrimonial, concediéndoles un plazo máximo de 10 días y comunicará, al Superior Jerárquico del omiso, el incumplimiento; en caso de persistir dicho incumplimiento, se aplicará lo establecido en el Articulo 33 de esta Ley. Lo mismo harán, respecto de los servidores de los poderes Legislativo y Judicial, las contralorías de los mismos. Tratándose de declaraciones finales, se requerirá por escrito directamente a los omisos y transcurrido el plazo de requerimiento, se hará uso de los siguientes medios de apremio:

(REFORMADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

I.- Requerimiento;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

II.- Sanción económica de hasta veinte días del salario mínimo más alto vigente en el Estado.

(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la Legislación Penal del Estado.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1987)

 

¬ARTICULO 37.-¬

La Secretaría y las contralorías, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las normas, criterios y requisitos para el rendimiento de la información, en forma clara y sencilla, teniendo facultades para solicitar en cualquier momento informaciones complementarias y la exhibición de los documentos conducentes, a fin de aclarar cualquier duda. Las informaciones no podrán usarse en beneficio de terceros ni para fines ajenos a los de esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

¬ARTICULO 38.-¬

Los Bienes Inmuebles o Muebles cuyo acervo y características influyan significativamente en la Situación Patrimonial, se estimarán por su valor comercial. En todo caso se expresarán las fechas de su adquisición.

 

¬ARTICULO 39.-¬

Para los efectos de esta Ley y del Código Penal, la información deberá referirse también a bienes que por cualquier concepto tenga o adquiera la esposa o esposo del Servidor Público y de sus dependientes económicos directos.

 

¬ARTICULO 40.-¬

Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente desproporcionados a los ingresos lícitos del servidor público, la Secretaría o las contralorías, en su caso, podrán ordenar mediante acuerdo fundado y motivado la investigación correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

¬ARTICULO 41.-¬

La Secretaría o las contralorías, en su caso, harán saber al servidor público la iniciación y motivos de la investigación, para ser oído y recibirle la documentación o pruebas que estime pertinentes.

(REFORMADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

¬ARTICULO 42.-¬

Para cualquier investigación, la Secretaría o las contralorías, en su caso, podrán valerse de peritos. Este derecho corresponde también al servidor público investigado.

(REFORMADO, P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993)

 

¬ARTICULO 43.-¬

En su caso, el resultado de la investigación se hará saber al Ministerio Público mediante denuncia formal, para efectos de averiguación Penal.

 

T R A N S I T O R I O S

 

ARTICULO PRIMERO.-

Esta Ley entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

 

ARTICULO SEGUNDO.-

La primera información de la situación Patrimonial de los Servidores obligados a rendirla, se hará durante el mes de junio del año de mil novecientos ochenta y cuatro.

 

Lo tendrá entendido el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado y dispondrá que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.- Guanajuato, Gto., a 27 de marzo de 1984.- Guillermo Nieto Ameida, D.P.- José Luis Gómez Mandujano, D. S.- Cándido Martínez García, D. S.- Rúbricas.

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en Guanajuato, Gto., a los 2 dos días del mes de abril de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro.

 

 ENRIQUE VELASCO IBARRA

 

El Secretario General de Gobierno,

MAURICIO CLARK OVADIA.

 

El Secretario W. LOPEZ VERDUGO.- El Secretario de Fomento Económico y Social.- HÉCTOR PONS DEL MONTE.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.- ING. HEINZ LESSER JONES.- El Secretario de Educación y Servicios Sociales.- LIC. MANUEL OROZCO IRIGOYEN.- El Procurador General de Justicia.- LIC. ENRIQUE GOMEZ GUERRA.- El Contralor General.- C.P. AGUSTIN PEREZ VILLASEÑOR.- Rúbricas.   

 

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

 

P.O. 27 DE ENERO DE 1987.

 

ARTICULO UNICO.- 

Este decreto entrará en vigor al cuarto día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

 

P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1987.

 

ARTICULO UNICO.- 

El presente Decreto entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

P.O. 26 DE FEBRERO DE 1993.

 

ARTICULO PRIMERO.- 

El presente Decreto entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 

ARTICULO SEGUNDO.-

El Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, establecerán los órganos y sistemas previstos en el artículo 34 que se reforma, en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, realizando las adecuaciones que al efecto procedan en sus reglamentos interiores.

 

ARTICULO TERCERO.-

La Secretaría entregará los expedientes que se hayan formado por motivo de las declaraciones de situación y modificación patrimonial que en su oportunidad haya recibido, a la autoridad que resulte competente en los términos de este decreto.

 

ARTICULO CUARTO.-

El Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinarán los órganos que de manera provisional habrán de recibir los expedientes mencionados en el artículo anterior, respecto de los servidores públicos que les están adscritos, así como custodiarlos, en tanto se establecen los órganos señalados en el artículo 34.

 

Para la presentación de las declaraciones de los servidores de los poderes Legislativo y Judicial, se podrán utilizar los formatos expedidos por la Secretaría, en tanto las contralorías elaboran su propia documentación. |